Por Fabiola Alfaro
A nadie le gusta que le
saquen los trapos al sol, menos a aquellas personas que se supone son
“integras” y a los cuales se les hace llamar “Padres de la Patria”. Se
considera que la política busca el bien común,
una sociedad libre y por consiguiente un ciudadano libre, pero los diputados se
han encargado de ensuciarla y hacer que surjan dudas entre la población.
La LAIP establece el derecho de acceso a la información pública y
dice que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados
de manera oportuna y veraz, sin que te pregunten para qué quieres la
información.
Con la creación de la LAIP
se pretende la transparencia mediante
la difusión de la información, y la rendición de cuentas que promueva la
participación ciudadana y el control en la gestión de los recursos que realizan
las instituciones del Estado.
Y estoy de acuerdo que se haya clasificado esta
información, en pública, reservada y confidencial. Lo que no comparto es que cuando
se trate de funcionarios o ex funcionarios siempre se quiera esconder algo.
Un
claro ejemplo de esto es cómo a la Prensa Gráfica se le negó datos sobre el
seguro de Rodrigo Samayoa. Según se rumoró, Samayoa es el asesor de la bancada
de GANA para continuar gozando del seguro médico como empleado del congreso.
A raíz de eso el pasado 12 de julio, la Prensa Gráfica solicitó a la
Oficina de Información Pública (OIP) del parlamento información relacionada con
el seguro médico del legislador de GANA y exsecretario de la junta directiva
del congreso; sin embargo, la petición fue rechazada.
“Cuánto ha gastado la Asamblea en concepto de seguro médico en el diputado Rodrigo Samayoa desde el momento que fue desaforado, y si lo hizo fue como empleado o como legislador”, era la información que se requirió a la OIP del congreso.
“Cuánto ha gastado la Asamblea en concepto de seguro médico en el diputado Rodrigo Samayoa desde el momento que fue desaforado, y si lo hizo fue como empleado o como legislador”, era la información que se requirió a la OIP del congreso.
La respuesta de esta
petición fue: “La Asamblea Legislativa dice que lo solicitado cae en lo
confidencial, categoría que solo se aplica para los expedientes médicos y no a
gastos, según LAIP”.
Hasta cierto punto estoy de
acuerdo pues la ley establece que la
información referente a la intimidad personal y familiar, al honor y propia
imagen, así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a
la privacidad de la persona. Sin embargo, el medio de comunicación antes
mencionado, solo quería saber si el seguro de Samayoa era costeado con dinero
público.
Como futura comunicadora apoyo la
libre expresión y por supuesto apoyo que se den a conocer las actividades del
parlacen pero no que la deuda que tenemos como país crezca aún más ya que este
dinero que se está empleando para expandir la Radio Legislativa a nivel
nacional proviene de un préstamo entre el Estado Salvadoreño y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que asciende a $300,000
Mientras miles pasan hambres y cientos y cientos no han tenido acceso a la
educación, mientras crecen los niveles de delincuencia en el país y la deuda
pública aumenta cada vez más, abonando a eso cientos de problemas más que solo
son síntomas de una sociedad enferma y un estado mal administrado, los padres
de la patria se dan el lujo de mal invertir el dinero del estado en sus
viajecitos por el mundo, haciendo fiestas que ascienden a los $100,000 y
mostrando su buen gusto por el arte comprando obras carísimas.
Sin duda quienes pagaremos esto seremos los jóvenes y seguramente un
gobierno en 5 años no podrá remediar toda esta situación, es por eso que ahora
que estamos a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales, es de tomar buenas
decisiones para saber elegir al “afortunado” que le corresponda a partir del
2014 estar al mando de la presidencia de El Salvador.
